Al hilo de la prueba en el caso de «La Manada»


Llegamos a la confrontación del derecho a la dignidad de la víctima (que ya reconoce el «Estatuto Jurídico de la Víctima») con el derecho de defensa de los acusados, y con ello el respeto a los principios rectores del proceso penal.

Redaccion
@elsoldelorca

Por el artículo 33 19 noviembre, 2017


Se está siguiendo contra un grupo de ¿hombres? que vienen siendo acusados de agresión sexual en grupo, cometida en Pamplona hace ya mas de año y medio, un juicio que está poniendo sobre la mesa algunas cuestiones que no terminan de estar superadas, y que muchos colectivos sociales denuncian sin parar.

De todas las cuestiones que se están suscitando y, al margen de las valoraciones jurídicas que no puedo hacer por desconocimiento concreto de la causa, sí me gustaría hablar sobre dos aspectos a mi modo de ver completamente fundamentales y que parece que van a comentados durante un tiempo.

De un lado, el cruento interrogatorio al que se somete a la víctima en Sala en el momento del Juicio Oral; del otro la utilización de un medio de prueba de hechos ocurridos CON POSTERIORIDAD a la agresión: informe de detective privado posterior a los hechos denunciados. Respecto de la primera de las cuestiones, se trata de una prueba vital para el proceso la declaración que presta la víctima en sede judicial. Además de la ratificación que la misma haga de las declaraciones prestadas con anterioridad a lo largo de la instrucción. Y cierto es que las partes que intervienen en el proceso han de proceder a formular cuantas preguntas resulten pertinentes.

Esta pertinencia es donde el Tribunal ha de ser lo más prudente posible, por cuanto las defensas utilizan un recurso muy manido en cuanto a la impugnación de las preguntas que se puedan rechazar de las que haga la defensa. Esta contradicción e inmediación en la practica de la prueba, que constituyen pilares de las garantías del proceso penal, provocan (quieran o no) en los delitos de índole sexual una re-victimización, así como un castigo adicional a la víctima. Una vergüenza y escarnio públicos.

Llegamos a la confrontación del derecho a la dignidad de la víctima (que ya reconoce el «Estatuto Jurídico de la Víctima») con el derecho de defensa de los acusados, y con ello el respeto a los principios rectores del proceso penal. Un completo choque de trenes. Por más que critique que a una víctima se le efectúen 107 preguntas, se le pregunte si estaba consciente y cómoda con el miembro de uno de sus agresores tapándole la boca, y aberraciones por el estilo, no puedo negar que pueden haber mejores formas de llevarlo a cabo que sin duda han de ser traídas a los procesos judiciales, pero que, al parecer, estamos a años luz de ellas.

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Me resulta un tanto chocante que se permita a un aforado prestar declaración por escrito, y que a una víctima de agresión sexual con penetración se la siente en una sala ante varios abogados defensores, varios Magistrados, Ministerio Fiscal y agresores (aunque haya un biombo de por medio), además de funcionarios, a fin de que se le pregunte sobre si manifestó mayor o menor resistencia en la penetración, en la felación o si por el contrario estaba borracha y no recuerda si expresamente dijo NO y cuantas veces lo dijo, y si lo dijo lo suficientemente alto. Son a estas cosas a las que me refiero.

Cualquier modo de hacer ver la negativa de la víctima a tales actos ha de ser suficiente para observar cómo se forzó, entre cinco hombres, a una mujer con capacidades mermadas pro la ingesta de alcohol. Seguro que se puede encontrar un modelo que, garantizando los derechos inherentes al derecho de defensa del acusado, sean más sensibles a las especialidades de determinados delitos.

En cuanto a la aportación de un informe de un detective privado sobre la vida de la víctima tiempo después de la agresión. Pues nada tiene que aportar a un hecho ocurrido con anterioridad. Eso lo tiene claro la Sala, sin duda alguna. Si lo han aceptado, entiendo que es básicamente porque de no hacerlo se le dan armas a las defensas ante una sentencia condenatoria para recurrir por vulneración del derecho de defensa recogido en la Constitución, tan manido en este tipo de asuntos. No obstante, y partiendo de la base de que en el momento en el que haya una sentencia de condena, la mencionada sentencia será recurrida «sí o sí», igualmente puede resultar completamente innecesario ya que los hechos enjuiciados son anteriores. Si bien es cierto lo anterior, también lo es que la finalidad con la que ha podido ser incorporado al proceso sea para intentar combatir el importe de la Responsabilidad Civil derivada del ilícito cometido, es decir, la indemnización pedida por la acusación particular y el Ministerio Fiscal, por cuanto pretenda informar, una vez finalizada la practica de la prueba que la víctima está perfectamente y no precisa una indemnización por los hechos.

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En otro orden de cosas y sobre lo que se comenta de que la víctima había ingerido una importante cantidad de alcohol que la pudo exponer, según la defensa, a mantener relaciones sexuales en grupo. Es un área de arenas movedizas, por cuanto la intoxicación en la que pudiera encontrarse la víctima no les exoneraría de su responsabilidad penal, toda vez que existe en nuestro Código Penal una agravante expresa para quien ejecute el hecho «..con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.» Artículo 22. 2º CP circunstancias agravantes.

Puede resultar fácil contextualizar cómo un grupo de cinco hombres conociendo el estado de embriaguez en el que se encuentra una mujer, físicamente más pequeña que cualquiera de ellos, menos fuerte que cualquiera de ellos, y que además se encuentra sola les pudo resultar no solo fácil cometer sus felonías, sino además salir impunes del momento sin verse descubiertos y sin posibilidad de defensa para la víctima, puesto que nadie podía encontrarla allí donde la metieron. Lejos de mostrar que la joven pudo «consentir» esas relaciones los puede colocar en una situación difícil sobre todo porque los agentes que intervinieron y atendieron a la joven en el primer momento insisten en el estado shock en el que se encontraba, así como la pareja que la encuentra en la calle y llama a la policía coincide en lo mismo.

Esperemos, no obstante, oír a especialistas en ciencia forense explicar ante la Sala cómo el comportamiento de la joven responde a un perfil de víctima de agresión sexual, y que una víctima no es más víctima por presentar mayores o menores desgarros, pues eso se valora a efectos de las lesiones que presente y cómo se han podido producir, pero no afecta a la manifestación del consentimiento que hace realmente nacer una agresión sexual o no. Esto habría de ser suficiente dado que el empleo de la violencia es lo que en este tipo de delitos agrava la responsabilidad penal, pero el concepto de violencia genera mucha controversia, puesto que en cuanto a la exigencia de una prueba evidente del empleo de violencia puede resultar confuso. ¿Cómo demostrar que ha habido violencia verbal de un agresor a la víctima cuando se trata de una niña de 5 años (http://www.abc.es/sociedad/abci-juez-no-aprecia-violencia-abuso-sexual-nina-5-anosporque-no-opuso-resistencia-201703171239_noticia.html)? o ¿que esa violencia verbal ha sido suficiente para conseguir el autor su propósito? y ¿cómo acreditar que se ha producido si no deja marca alguna?.

 

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