La verdad del 27-O: 1.¿Qué es el 155?


Los he denominado «neopoliticos» porque por suerte, nunca antes en Democracia hemos tenido unos políticos de tan poca altura política, intelectual y sobre todo social.

Dulce Libertad Sandoval

Por el artículo 33 28 octubre, 2017


Como no puede ser de otra manera, dadas las circunstancias, debo exponer desde la más absoluta humildad qué es lo que estamos escuchando en los medios de comunicación en estas sorprendentes horas marcadas por un grupo de «neopolíticos», no sé si de izquierdas o simplemente «neos».

Los he denominado «neopoliticos» porque por suerte, nunca antes en Democracia hemos tenido unos políticos de tan poca altura política, intelectual y sobre todo social. Los he denominado «neopolíticos» porque se observa una clara falta de conocimiento, responsabilidad y altura de Estado. Ahora, además, he de denominarlos, al menos indiciariamente, «delincuentes».

Como profesional de la abogacía, con carácter previo al inicio de mi ejercicio profesional, prometí formalmente «acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente (y al Rey), respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional».

Este juramento hace que hoy, como miembro de este honorable colectivo, manifieste mi mas profunda repulsa a los acontecimientos llevados con un total desprecio por la legalidad vigente, la paz social y a nuestro Estado de Derecho por parte de un gobierno autonómico que, atribuyéndose facultades que no posee, ha atentado contra toda la sociedad y todas sus instituciones.

No puede haber ideología política en la manifestación de estos extremos. Me remito a un artículo anterior en cuanto a la no existencia de derecho de autodeterminación de la Comunidad Autónoma de Cataluña porque no se contiene en ningún Tratado Internacional, en ningún Organismo Internacional, no está en ninguno de los supuestos que la contemplan porque en la Comunidad Autónoma de Cataluña no se está persiguiendo a una minoría étnica, no están vulnerando derechos humanos de ninguna clase, no se trata de un territorio que haya sido colonizado en ningún momento de su historia y por tanto no es merecedor de dicho tratamiento en ningún caso por más que lo repita nadie, lo coreen o lo canten a los cuatro vientos, lo siento Goebbles.

Durante estas horas, días y semanas hemos venido escuchando a multitud de periodistas, políticos, en activo y retirados, empresarios y miembros de la sociedad civil, pronunciarse sobre los atropellos que se estaban llevando a cabo como también hemos escuchado a muchos de esos miembros pronunciarse en sentido opuesto denunciando opresión de un Estado, pidiendo auxilio internacional a través de redes sociales, como si se estuviera torturando a ciudadanos catalanes por ser catalanes, así como un sin fin de falsedades y mentiras más o menos sofisticadas, pero
tremendamente disparatadas. Al margen de eso hoy me voy a limitar a contextualizar la fundamentación jurídica del archicomentado artículo 155 de la Constitución española así como el comentado delito de rebelión.

Así las cosas, comienzo por exponer que el artículo 155 de la Constitución Española está dentro del Capitulo III de la misma «De las Comunidades Autónomas» comenzando en el artículo 143 del mismo cuerpo legal. Antes de comenzar, he de matizar que si existe el término Comunidad Autónoma no es por «ciencia Infusa» sino porque la Constitución las crea y establece su contenido y sus límites.

Este extremo no puede olvidarse en ningún caso. De esta forma se establece en los artículos siguientes quiénes pueden constituirse y de qué manera como Comunidad Autónoma, y establece qué son y en qué consisten los Estatutos de Autonomía (artículo 147). Del mismo modo continúa estableciendo las competencias que pueden
ser asumidas por las mismas, así como las competencias que deben ser mantenidas por el Estado. Hasta aquí podemos observar cómo en la Comunidad Autónoma de Cataluña, como en otras, es la propia constitución la que las crea, las dota de contenido, y lleva a efecto dicho contenido estableciendo su marco normativo.

Es a partir del artículo 153 de la constitución, donde parece que estos «neopolíticos» dejaron de leer y de estudiar porque parece ser que tienen alguna suerte de ceguera, ignorancia o incompetencia, ya que este artículo dice quien ejercerá el control de actividad de las Comunidades Autónomas, siendo éste llevado a cabo por el Tribunal Constitucional, artículo 153.a); por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, en el ejercicio de funciones delegadas del apartado 2 del artículo 150; por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración
autónoma y sus normas reglamentarias; por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Así, continuamos con el artículo 154 que establece: «Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.» Es decir, antes de llegar al 155, que ahora desgranaremos, hemos pasado por unos pasos previos, como son el control por parte del Tribunal Constitucional, que directamente ha sido
expresamente vulnerado por el Gobierno y el Parlamento Catalán, puesto que han impedido el acatamiento de los mandatos de quien ostenta el control legal de la Comunidad Autónoma.

Pero no he escuchado a ninguno de estos hablar de estos términos. No contentos con eso continúan al margen de la legalidad que les da su propia existencia. Es ante esta inverosímil situación cuando se hace aplicar el artículo 155 CE que establece: «1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas».

Si ustedes han leído hasta este punto, no pueden decir ya que es un exceso la aplicación de este artículo. No se puede decir que es una provocación y que lo hay que hacer es tender puentes, no. Miren ustedes, para que todos podamos vivir en paz hemos de conocer cuales son los límites, que van a venir marcados por la Constitución y las leyes, así como que esos límites son iguales para todos porque todos somos iguales ante la Ley y porque además somos iguales
en la Ley. Esto no puede nunca ser considerado una provocación ni un dislate. Es un punto de partida mínimo en un Estado que se dice «de Derecho». Y esto tampoco admite discusión. Si alguien pretende discutir este precepto no podemos sino situarlo, en el caso de un político, en un totalitarismo absoluto.

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