Sobre la prisión permanente revisable


Existen argumentos que pueden ser utilizados para su mantenimiento como pueda ser la mejora de nuestro sistema penitenciario, así como del Reglamento que lo desarrolla, para ayudar y hacer cumplir escrupulosamente todos estos principios que, si somos francos, no siempre se cumplen, ni cuando se trata de penas mínimas.

Dulce Libertad Sandoval

Por el artículo 33 28 enero, 2018


Dados los últimos acontecimientos he considerado que toca hablar de la prisión permanente revisable tanto para detractores como defensores. Hablamos de una institución de derecho penal introducida en nuestro ordenamiento
con la reforma del Código Penal 1/2015. Se trata de una pena que sólo opera en supuestos agravados de asesinato, tanto a menores de 16 años, como asesinatos si previamente ha existido agresión sexual, delitos contra la corona, genocidio y lesa humanidad. Un reducido grupo de conductas.

En principio es una institución aplicable en supuestos de extrema gravedad por el sufrimiento causado, los padecimientos a la víctima, el prevalimiento sobre la víctima del agresor, el número de víctimas (para los casos de genocidio o lesa humanidad). Es decir, hechos que son extraordinariamente graves.

Dicho esto, en España, desde su entrada en vigor sólo se ha aplicado al asesino de sus dos hijas, el conocido como «el asesino de la radial», condenado en julio de 2017. Este hombre, según los hechos probados de la sentencia, drogó a sus hijas para evitar que se zafaran de él, las descuartizó utilizando una radial y un cuchillo de cocina. Tenían 4 y 9 años de edad. En ese juicio, tras la deliberación del jurado popular con el veredicto de culpabilidad, hasta al Fiscal se
le quebró la voz al pedir la prisión permanente revisable a la jueza, que finalmente redactaría la sentencia. Destacaron varios medios el trabajo intachable de ese fiscal durante toda la instrucción, estando completamente implicado en el caso, manifestándose hasta en su momento final.

Podemos ver cómo es un caso de extrema gravedad y crueldad, con prevalimiento sobre las víctimas. Durante todo el proceso e incluso con la lectura del veredicto, no hubo el más mínimo arrepentimiento en el condenado. No manifestó sentimiento alguno. Técnicamente, podemos apreciar cómo se trata de una figura muy limitada a casos
excepcionalmente graves, que afortunadamente, no ocurren a diario.

Sobre esta figura existen voces que abogan por su inconstitucionalidad porque atenta contra los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución. Contra el artículo 10 CE porque atenta contra la dignidad d ella persona y al libre desarrollo de la personalidad. Contra el 15 CE porque la consideran un trato degradante e inhumano; y contra el 25 porque no cumple la finalidad de reeducación y reinserción social del penado.

Ante esto existen argumentos que pueden ser utilizados para su mantenimiento como pueda ser la mejora de nuestro sistema penitenciario, así como del Reglamento que lo desarrolla, para ayudar y hacer cumplir escrupulosamente todos estos principios que, si somos francos, no siempre se cumplen, ni cuando se trata de penas mínimas.

En lugar de esto, de mejorar nuestro sistema en todo su conjunto, de crear comisiones con expertos independientes, PNV y otros han optado por someter al Congreso una moción con resultado favorable a la misma, por la que se derogara esta figura. Eso es lo que políticos de este país hacen ante las dudas de hecho o de derecho que les puedan surgir al tratar una institución penal. Nada más, ¿para qué trabajar en algo más? Dicho esto, y sin pronunciarme sobre la pertinencia y oportunidad de la medida, hay algo que sí debemos destacar.

En primer lugar cuando comparamos nuestro sistema penal con sistemas penales de países europeos, hemos de tomar en consideración muchas más datos que los años con los que se condenan determinadas conductas penalmente reprochables. Hemos de atender a estadísticas por edad, por segmento social, por tipo delictivo y un
sin fin de datos para poder comprender la diferencia de nuestros sistemas penales. No solo cuenta una pena impuesta por la comisión de un delito. ¿Se imaginan, aunque sea mucho imaginar y nunca vaya a pasar, que un chaval viole, atropelle y queme viva a una chiquilla con deficiencia mental en compañía de otros, y que cumpla en el mejor de los casos si no es menor  de edad, como mucho 20 años, y durante los cuales en ningún momento haya mostrado arrepentimiento? ¿Sería eso «ajustado»? Y respecto de los deberes del Estado de proporcionar
seguridad y el derecho constitucional del ciudadano a vagar seguro, ¿no es esto en sí una contradicción?.

En segundo lugar, una vez condenado en firme comienza el cumplimiento de la pena, y es durante ese tiempo de cumplimiento de las penas donde hay que fijar la atención para ver en qué condiciones se están cumplimiento, cuáles son los beneficios obtenidos por los penados, y en qué momento desde que comenzaron a cumplir su condena. Pero de eso nadie habla.

En tercer lugar, ¿dónde hemos dejado a las víctimas? ¿Dónde hemos dejado el resarcimiento a las víctimas? Estas cuestiones son tenidas en cuenta de cara a la obtención de beneficios penitenciarios (según el tenor tanto de la LOGP como en su Reglamento), pero en un elevado número de casos -siendo generosos- nos encontramos con declaraciones de insolvencia por el Tribunal sentenciador y el no abono de las responsabilidades civiles. No es que la percepción de una cantidad en concepto de responsabilidad civil derivada del delito vaya a eliminar el sufrimiento por la pérdida sufrida. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que es una parte de la pena que queda en el olvido tras la declaración de insolvencia.

Después, el condenado, cuando sea excarcelado no abonará ningún importe, y eso también es parte de la pena a la que nuestro sistema no ha terminado de darle una solución. Sobre esto también existen múltiples testimonios consecuencia de los delitos de terrorismo.

Con todo lo anterior, no es mi voluntad entrar en un debate que se ha politizado interesadamente, ni mucho menos. Los eslóganes son para otros. Tan sólo es mi intención poner negro sobre blanco las alegaciones a la inconstitucionalidad y a todo lo contrario, puesto que el Código penal no opera en soledad cuando se comete un crimen, aparecen otras normas (desconocidas al parecer por nuestros políticos) que son, si cabe, aún más determinantes de cara tanto a la obtención de una sentencia condenatoria como al cumplimiento de la pena que contiene nuestro Código Penal.

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